El día 30 de junio, el presidente Obama le solicitó al Congreso más de $2,000 millones en fondos de emergencia para abordar el repunte en el número de inmigrantes ilegales centroamericanos que llegan a la frontera sur de Texas, así como para acelerar la deportación de los que ya se encuentran aquí.
Los republicanos han argumentado que la situación, que se está convirtiendo rápidamente en una crisis humanitaria en nuestra frontera, tiene su origen en los programas de la administración y en su laxo cumplimiento de las leyes de inmigración.
En la primera declaración pública sobre este asunto por parte de un alto cargo de la administración Obama, el secretario de Defensa Chuck Hagel defendió anteayer la decisión de liberar al sargento del Ejército Bowe Bergdahl a cambio de cinco líderes talibanes e indicó que el presidente actuó dentro de la legalidad al no notificar al Congreso que el intercambio se había producido.
