Hoja Informativa #122
Está previsto que el 1 de enero de 2014 (a los tres meses de iniciarse el nuevo ejercicio fiscal) entren en vigor los nuevos derechos a beneficios de Obamacare. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el gobierno federal gastará $48,000 millones en 2014 y cerca de $1.8 billones hasta 2023 en estos nuevos programas de derechos a beneficios.
[1]También el 1 de enero, los americanos se verán obligados por su gobierno a comprar un producto, el seguro médico, por primera vez en su historia. Este mandato se hará cumplir mediante penalizaciones fiscales administradas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). La administración Obama ha solicitado más de $400 millones en financiación y cerca de 2,000 nuevos burócratas para que el IRS ponga en marcha el mandato individual y otras 46 disposiciones estatutarias de su competencia.
Dentro de la administración, la avalancha de normas y regulaciones de Obamacare continúa avanzando con rapidez. Los reguladores ya han incorporado al Registro Federal más de 20,000 páginas de reglas y notificaciones relacionadas con Obamacare. Muchas de esas regulaciones aumentarán el costo de los seguros, de hecho, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) concluyó que Obamacare aumentaría las primas de los seguros médicos individuales en unos $2,100 anuales.
Un gasto cuestionable
· Además de los nuevos derechos a beneficios de Obamacare, la secretaria Kathleen Sebelius ha utilizado gran parte del presupuesto del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) como un “fondo de dinero especial” para la implementación de Obamacare.
· A principios de este año, el HHS anunció que estaba desviando $150 millones de la financiación para centros de salud comunitarios hacia la inscripción y participación en Obamacare. El HHS creó también “asistentes personales” (un programa no autorizado por Obamacare) para permitir que los sistemas especializados de seguros médicos estatales utilizaran mayores cantidades de dinero federal en las iniciativas de inscripción de Obamacare.
· Recientemente, diversos comités del Congreso iniciaron investigaciones sobre las acciones del HHS. La secretaria Sebelius ha reconocido que realizó llamadas para pedir a organizaciones externas que financiasen una campaña pro-Obamacare dirigida por previos altos cargos de la Casa Blanca. Y la Agencia de Medicamentos y Alimentos (FDA), que no tiene jurisdicción sobre los programas de seguros médicos, utilizó financiación pública para promover iniciativas de inscripción en Obamacare.
Se necesitan medidas inmediatas
· La única forma que tiene el Congreso de frenar los nuevos derechos a beneficios y los abusos en el gasto por parte del poder ejecutivo es desfinanciar todas las iniciativas de implementación de Obamacare a todos los niveles del gobierno federal.
· La desfinanciación total de Obamacare detendría la puesta en marcha de los nuevos derechos a beneficios incluidos en la ley antes incluso de que den comienzo, además de impedir que el HHS saquee otros apartados del presupuesto departamental para la promoción de Obamacare.
· Desfinanciar Obamacare también impediría el cumplimiento de las nuevas regulaciones de la ley, así como de las 18 distintas subidas de impuestos que ésta conlleva, incluido el impuesto por no acatar el mandato individual.
·Aunque el Congreso no puede derogar unilateralmente Obamacare, la Constitución sí le concede el poder de decidir en última instancia la “asignación presupuestaria”. Si el Congreso elige no financiar las actividades de Obamacare para el próximo ejercicio fiscal, la administración Obama no podrá actuar para poner en marcha la ley. Por tanto, el Congreso puede y debería actuar ya para desfinanciar por completo Obamacare.
La versión en inglés [2] de este artículo está en Heritage.org.