[1]La reciente acusación contra el expresidente pakistaní Pervez Musharraf de conspirar para asesinar a la ex primera ministra Benazir Bhutto demuestra que la judicatura pakistaní está cada vez más dispuesta a desafiar la autoridad del poderoso Ejército pakistaní.
Y aunque es del interés de Estados Unidos el que las instituciones democráticas de Pakistán se fortalezcan y que los militares permanezcan fuera de la política, condenar a Musharraf con una severa pena de prisión o incluso con la pena capital estaría injustificado y podría alimentar una crisis entre los poderes civil y militar que haría aumentar la inestabilidad política y envalentonaría a los grupos terroristas presentes en el país.
Musharraf ha estado bajo arresto domiciliario desde abril y se enfrenta a otras graves acusaciones, incluida la de cometer traición por detener a decenas de jueces eméritos tras declarar el estado de emergencia en 2007 (algo que efectivamente hizo) y la del asesinato del líder nacionalista beluchi Akbar Bugti en 2006 (al que el Ejército pakistaní mató en una operación ordenada por Musharraf).
Las acusaciones de conspiración para asesinar a Bhutto probablemente serán difíciles de probar y es posible que el caso se alargue durante varios meses. Existe un amplio consenso sobre que Musharraf no proporcionó una seguridad adecuada a Benazi Bhutto, pero pocos observadores internacionales creen que conspirase para que la asesinaran.
Una investigación de Naciones Unidas sobre el asesinato de Bhutto halló que la seguridad proporcionada a la ex primera ministra fue “insuficiente e inefectiva” y que la posterior investigación penal pakistaní del asesinato se vio “gravemente obstaculizada por las agencias de inteligencia y por altos cargos del gobierno”. No obstante, Bhutto era objetivo de diversas organizaciones violentas pakistaníes debido a sus puntos de vista progresistas sobre la democracia y su férrea actitud hacia el terrorismo. Su partido, el Partido del Pueblo Pakistaní, continuó con la obra de Bhutto hasta ganar las elecciones cuatro meses después de su asesinato.
Musharraf cometió un grave error de cálculo al tratar de volver a la lucha política de Pakistán. Subestimó la ira que el pueblo sentía hacia él por su manejo de los sucesos de 2007, en particular por su menoscabo del proceso democrático.
Aunque los actuales líderes militares no quieren ver a ninguno de los suyos arrastrarse por los tribunales, no está claro hasta dónde llegaría ente caso la influencia o la presión sobre los tribunales por parte del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Kayani.
Kayani debería prestar atención a la actitud del pueblo hacia los militares, para que así fuese improbable que buscase una confrontación de alto nivel con la judicatura por el caso Musharraf, que se ha convertido en una figura cada vez más despreciada en Pakistán. Es posible que Kayani trate de negociar un acuerdo entre bambalinas que obligue a Musharraf a abandonar el país, pero que respete su vida y lo mantenga fuera de cualquier prisión pakistaní.
Aunque Musharraf es un personaje impopular, parece que tiene el respaldo de algunos elementos poco recomendables, por lo que quienes presentan acusaciones contra Musharraf se encuentran claramente en peligro. En mayo, varios hombres armados asesinaron al fiscal jefe del caso contra Musharraf, Chaudhry Zulfikar Alí, mientras éste manejaba desde su lugar de trabajo a su casa en Islamabad.
Por su parte, el primer ministro Nawaz Sharif querrá evitar un enfrentamiento con los militares. Sabe por experiencias pasadas que enfrentarse contra los militares es por lo general una postura perdedora. Sin embargo, la judicatura de Pakistán se vuelto más poderosa desde que el movimiento formado por miembros de la misma expulsó en 2007 a Musharraf. Incluso si Sharif quisiera que los tribunales perdonasen a Musharraf, parece muy discutible que él por sí solo pueda influenciarlos para que lo hagan.
Aún queda mucho para que la confrontación en torno al destino de Musharraf llegue a su fin. Pero por ahora, los principales responsables judiciales están demostrando su disposición para retar a los militares y dejar claro que ellos también tienen un importante papel que desempeñar a la hora de trazar el futuro rumbo político del país.
La versión en inglés [2] de este artículo está en Heritage.org.