Esta nueva política atenta contra la base fundamental de nuestra nación – el Estado de Derecho. Se premia la ilegalidad y a los transgresores de la ley, anima aún más a los extranjeros a que entren ilegalmente a Estados Unidos y llega en un momento en que el presidente Obama ha comenzado su campaña de reelección con un índice tan bajo de aprobación que es esencial que obtenga una mayoría sustancial del voto hispano para un segundo mandato. Es otro ejemplo vergonzoso de colocar la política antes que la ley.
Como escribe Jena Baker McNeill, de Heritage, hay otras formas de resolver el problema americano de la inmigración, pero no hacer nada no es una estrategia. Asegurar la frontera, hacer cumplir las leyes de inmigración y promocionar la inmigración legal están entre las reformas incrementales que el Congreso podría adoptar para solucionar el problema.