El inspector general del Departamento de Justicia (DOJ) hizo público esta semana el ansiado informe sobre el escándalo del transporte de armas de la Operación Rápido y Furioso. Este señaló la culminación de los 19 meses de investigación sobre la operación, que permitió que nada menos que 2,000 armas de fuego “viajasen” a México, donde se distribuyeron a los cárteles de la droga.
El presidente Obama se acogió al privilegio ejecutivo para impedir una mayor supervisión por parte del Congreso sobre la Operación Rápido y Furioso del Departamento de Justicia (DOJ) el mismo día que este se lamentaba de la supuesta falta de transparencia entre algunas entidades conservadoras sin ánimo de lucro.
El presidente Obama se encuentra ahora con el escándalo de la Operación Rápido y Furioso. A él le corresponde por completo el decidir si quiere estar a la altura de las promesas de transparencia que hizo hace cuatro años o desplegar un velo de silencio que haría sonrojarse al presidente Richard Nixon. Si las trabas continúan y no se renuncia al privilegio, les corresponderá al pueblo americano y a los medios de comunicación exigir el razonamiento para este encubrimiento.
