La Constitución otorga al presidente de Estados Unidos el pleno “poder ejecutivo” del gobierno federal. Se le denomina “Comandante en Jefe del Ejército y la Armada de Estados Unidos y de la Milicia de los diversos Estados, cuando se llamen al servicio activo de Estados Unidos”. De esta forma la Constitución concede la máxima autoridad de la seguridad nacional a un solo ejecutivo.
La Constitución de Estados Unidos de América ha perdurado más de dos siglos. Sigue siendo objeto de reverencia para casi todos los americanos y objeto de admiración de pueblos en todo el mundo. Lamentablemente, la embestida de teóricos progresistas y jueces activistas del siglo XX ha logrado minar seriamente el respeto por los principios fundamentales de la nación, denigrando algunos derechos constitucionales con los que están en desacuerdo e inventándose otros.
Esta nueva política atenta contra la base fundamental de nuestra nación – el Estado de Derecho. Se premia la ilegalidad y a los transgresores de la ley, anima aún más a los extranjeros a que entren ilegalmente a Estados Unidos y llega en un momento en que el presidente Obama ha comenzado su campaña de reelección con un índice tan bajo de aprobación que es esencial que obtenga una mayoría sustancial del voto hispano para un segundo mandato. Es otro ejemplo vergonzoso de colocar la política antes que la ley.
Los principios enunciados en la Declaración de Independencia son las normas por las que todos los gobiernos (no sólo del gobierno de Estados Unidos) deberían ser instituidos y juzgados. Estados Unidos es la única nación que se cimienta explícitamente en los principios de la igualdad humana y los derechos naturales, pero estos principios son aplicables a todos los hombres y a todos los tiempos, como dijo Lincoln.
