Tras la revelación de que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) planea embargar sueldos sin una orden judicial con el objetivo de recaudar deudas no tributarias (por ejemplo, fondos de subvenciones utilizados incorrectamente, préstamos no devueltos o “multas, penalizaciones o cuotas aplicadas por las agencias federales”), la EPA ha tratado de defender su propuesta normativa.
