Es un futuro en el que, por decreto, el gobierno federal da nueva forma a una importante industria de Estados Unidos por un objetivo político que costará dinero, empleos y vidas — todo para satisfacer a las facciones ambientalistas de la izquierda mientras se canalizan los dólares del contribuyente a una industria sindicalizada favorecida por Obama.
El peligro es que esta intervención se convierta en un precedente, dando legitimidad a los rescates como herramienta estándar de política económica. Semejante resultado sería desastroso no solo para el bolsillo de los contribuyentes sino para la economía en su conjunto, ya que compañías enteras (e inversionistas) eludirían las consecuencias de sus propias decisiones.
