El derecho inherente de los agentes de policía estatal y local para arrestar por violaciones de inmigración ha sido ratificado por numerosas cortes de apelación, incluyendo los Circuitos Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo. Incluso una decisión unánime de la Corte Suprema ratificó la autoridad de los oficiales de policía local para investigar el estatus migratorio de personas que han sido legalmente detenidas en 2005 en el caso Muehler v. Mena.
