Durante años, la intervención federal en las escuelas ha crecido hasta llegar a niveles jamas vistos y la ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB) ha continuado esta tendencia. Mientras el gasto federal, los programas del gobierno y los impedimentos que impone siguen creciendo, el logro académico sigue sin mejorar.
El Senado empezará hoy a valorar la propuesta de 860 páginas presentada por Harkin para reescribir la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). El proyecto representa añadir más regulaciones y más burocracia a los distritos escolares locales, manteniendo el statu quo de la reforma educativa dictada desde Washington. Y el problema es que el Senado no ha tenido tiempo para examinar en detalle la legislación que se propone, no digamos ya para oír las voces de aquellos a los que busca controlar.
En los jardines de la Casa Blanca, Obama anunció uno de los mayores cambios en educación de toda una década, desvelando un programa de dispensas de la NCLB para que los estados puedan evitar cargarse con onerosos requisitos federales pero siempre que cumplan los requisitos del propio presidente Obama. Los estados estarían intercambiando un conjunto de estándares federales aprobados por el Congreso, por otro conjunto aprobado por burócratas de Washington que no le rinden cuentas a nadie.
