El presidente Obama se encuentra ahora con el escándalo de la Operación Rápido y Furioso. A él le corresponde por completo el decidir si quiere estar a la altura de las promesas de transparencia que hizo hace cuatro años o desplegar un velo de silencio que haría sonrojarse al presidente Richard Nixon. Si las trabas continúan y no se renuncia al privilegio, les corresponderá al pueblo americano y a los medios de comunicación exigir el razonamiento para este encubrimiento.
Unos memorándums del Departamento de Justicia obtenidos por CBS News muestran que el procurador general de la República Eric Holder ya era consciente de la controvertida operación transfronteriza en julio de 2010 – casi un año antes de lo que él había reconocido previamente. Este mes de mayo, Holder declaró a los investigadores del Congreso que él había oído por primera vez sobre la Operación Rápido y Furioso solo unas semanas antes.
Un escándalo de contrabando transfronterizo de armas, muertes en Estados Unidos y México, destitución de personal y renuncias, grabaciones secretas, quejas de cargos extranjeros, cientos de millones en préstamos, bancarrota, redada del FBI, donantes de campañas políticas y alegaciones de inapropiada presión de la Casa Blanca en testimonios ante el Congreso. Son seria preguntas que salen de Washington. Es hora de que los medios empiecen a exigir respuestas.
El último horror acaecido el 25 de agosto ha sacudido a México. En un asalto desvergonzado y sin sentido, al parecer parte de un plan de extorsión, los miembros de la organización criminal Los Zetas prendieron fuego con bombas incendiarias a un casino en Monterrey, México. En el resultante infierno, murieron 52 mexicanos, principalmente mujeres de clase media y sin conexión con el narcotráfico.
