Aunque la administración y algunos otros han sido rápidos a la hora de celebrar la decisión de la Corte Suprema de anular tres de las disposiciones de la ley estatal de Arizona (las que buscaban regular el registro de extranjeros, a los extranjeros en búsqueda de empleo y el arresto de personas basado en una posible expulsión) la parte más significativa de la decisión radica en lo que la Corte optó por ratificar.
