Los responsables políticos y los líderes nacionales deberían reconocer el papel tremendamente importante de la fe y la práctica religiosa a la hora de dar apoyo a las familias, incrementar su bienestar e impulsar una sólida sociedad civil. Proteger la libertad de las personas y de las organizaciones para vivir su fe de manera pública (no pisoteando la libertad religiosa mediante coercitivos dictados del gobierno) puede asegurar que más gente disfrute de los beneficios de la práctica religiosa.
