La tensión entre los poderes estatales y federales por una prohibición permanente de los impuestos sobre el acceso a Internet centró el foco de atención la semana pasada en el Congreso.
A menos que éste vote a favor de su ampliación, el 1 de noviembre expirará una moratoria, promulgada por primera vez en 1998, que prohíbe que los gobiernos estatales y locales graven el acceso a Internet.
Imagine verse obligado a recaudar un impuesto a las ventas para el gobierno de un estado en el que su empresa no tiene presencia o tener que afrontar auditorías por parte de un estado que está a miles de kilómetros de su sede central. Pues la Ley del Mercado Justo (MFA) representa este tipo de amenazas potenciales para las empresas por Internet y otros vendedores a distancia.
