Un escándalo de contrabando transfronterizo de armas, muertes en Estados Unidos y México, destitución de personal y renuncias, grabaciones secretas, quejas de cargos extranjeros, cientos de millones en préstamos, bancarrota, redada del FBI, donantes de campañas políticas y alegaciones de inapropiada presión de la Casa Blanca en testimonios ante el Congreso. Son seria preguntas que salen de Washington. Es hora de que los medios empiecen a exigir respuestas.
El último horror acaecido el 25 de agosto ha sacudido a México. En un asalto desvergonzado y sin sentido, al parecer parte de un plan de extorsión, los miembros de la organización criminal Los Zetas prendieron fuego con bombas incendiarias a un casino en Monterrey, México. En el resultante infierno, murieron 52 mexicanos, principalmente mujeres de clase media y sin conexión con el narcotráfico.
Una investigación acerca del tráfico de armas del gobierno de Estados Unidos que salió horriblemente mal y resultó en la muerte de un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, unas 2,000 armas de fuego en manos criminales y el despido de un oficial de la policía con 24 años de experiencia. Esta es la historia de la Operación Rápido y Furioso y ayer se desveló su capítulo más reciente cuando dos oficiales de alto rango asociados con la operación tuvieron que dejar sus puestos y un tercero dimitió.
Ha renunciado a su cargo como director interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) Kenneth Melson, el oficial que lideró la fallida táctica conocida como “gunwalking” (Que las autoridades federales aprobaran que sospechosos compraran armas para después seguirles la pista) de la Operación Rápido y Furioso.
