El exsenador Jim Talent (R-MO) apunta que: “La gran ironía de nuestro tiempo es que cuanto más ha crecido el gobierno federal, peor ha desempeñado sus funciones prioritarias de proveer la defensa nacional”. Ahora, después de todo el gasto en estímulo, rescates y los desbocados derechos a beneficios, Estados Unidos está viendo los resultados. El Congreso debe actuar ahora para contener el gasto de forma que pueda garantizar que la capacidad del gobierno de ejecutar su deber principal permanezca intacta.
En vez de ir otra vez al pozo keynesiano y confiar en la caridad del Estado, el presidente y el Congreso deben limitar el alcance del gobierno y permitir que los empresarios prosperen. Eso no requiere una gira para escuchar y repartir culpas. Requiere ser un líder y reconocer que las políticas de los últimos dos años y medio no han funcionado y que es el momento de abordar las cosas de otra forma y con un nuevo lenguaje.
Como Max Hastings señaló que “años de dogma liberal han engendrado una generación de jóvenes amorales, sin educación, dependientes de la asistencia social e insensibles”. Y, como Theodore Dalrymple señala: “la población cree (porque a menudo se lo han dicho los intelectuales y la clase política) que tiene derecho a un alto nivel de consumo, independientemente de su esfuerzo personal; y por lo tanto, ve el hecho de que no recibe ese alto estándar, en comparación con el resto de la sociedad, como un signo de injusticia”.
Los jueces han ratificado una verdad que los americanos ya saben: Cuando el Congreso aprobó y el presidente firmó la ley Obamacare, ellos estaban excediendo la frontera constitucional. Afortunadamente, las cortes se están manteniendo firmes y ahora toca que la Corte Suprema de Estados Unidos le ponga el alto definitivo.
Ayer en la tarde, un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 11° Circuito en Atlanta dictaminó que el mandato individual en la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), más comúnmente conocido como Obamacare, es inconstitucional. Como mantiene la Fundación Heritage y la gran mayoría de expertos legales, el gobierno no nos puede obligar a comprar un servicio o un producto, eso es ir más allá de lo que marca la Constitución de Estados Unidos.
Es hora de dejar de contar otra vez la misma historia del gran gobierno y poner a América en el nuevo camino de disciplina fiscal para el crecimiento económico. El Congreso y el presidente pueden empezar balanceando el presupuesto, bajando el gasto y reformando los derechos a beneficios como se expone en el plan de Heritage “Para Salvar el Sueño Americano”.
