Los atentados se produjeron poco después de que Abu Mohamed Adnani fuese nombrado el nuevo líder de al-Qaeda en Irak, representan un intento de reavivar el conflicto sectario entre suníes y chiítas y demuestran que el grupo sigue siendo una poderosa amenaza. Es probable que la campaña de atentados ponga presión sobre el gobierno iraquí para negociar una extensión de la presencia militar de Estados Unidos, a pesar de las reticencias de varios partidos de la coalición en el gobierno iraquí de admitir públicamente que Irak sigue necesitando ayuda sustancial de Estados Unidos en materia de seguridad.
En vez de ir otra vez al pozo keynesiano y confiar en la caridad del Estado, el presidente y el Congreso deben limitar el alcance del gobierno y permitir que los empresarios prosperen. Eso no requiere una gira para escuchar y repartir culpas. Requiere ser un líder y reconocer que las políticas de los últimos dos años y medio no han funcionado y que es el momento de abordar las cosas de otra forma y con un nuevo lenguaje.
Como Max Hastings señaló que “años de dogma liberal han engendrado una generación de jóvenes amorales, sin educación, dependientes de la asistencia social e insensibles”. Y, como Theodore Dalrymple señala: “la población cree (porque a menudo se lo han dicho los intelectuales y la clase política) que tiene derecho a un alto nivel de consumo, independientemente de su esfuerzo personal; y por lo tanto, ve el hecho de que no recibe ese alto estándar, en comparación con el resto de la sociedad, como un signo de injusticia”.
Los jueces han ratificado una verdad que los americanos ya saben: Cuando el Congreso aprobó y el presidente firmó la ley Obamacare, ellos estaban excediendo la frontera constitucional. Afortunadamente, las cortes se están manteniendo firmes y ahora toca que la Corte Suprema de Estados Unidos le ponga el alto definitivo.
Si Estados Unidos quiere ver acciones más positivas en Honduras se deben reconstruir las relaciones con Tegucigalpa. Para empezar, el gobierno de Obama puede anular las medidas punitivas que tomó a raíz de la destitución del expresidente Zelaya y que todavía siguen vigentes a pesar de haberse celebrado elecciones libres y justas en noviembre de 2009.
