Los programas antipobreza del gobierno comparten la equivocada idea de que la pobreza en América es fundamentalmente un problema material que se puede resolver con aumentos de la ayuda social y del gasto de derechos a beneficios. La pobreza en América es a menudo el resultado de un problema de relaciones, como la ausencia paterna o la descomposición de la comunidad, que los programas gubernamentales no pueden abordar adecuadamente.
Los derechos establecidos en la Constitución son seguros en la práctica sólo cuando el orden constitucional se defiende con el poder adecuado. Es la responsabilidad del gobierno federal mantener ese poder y convocarlo contra naciones o enemigos que amenacen la seguridad o intereses de la nación, y por tanto sus libertades.