El 26 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció su sentencia Chamber of Commerce v. Whiting [1]. En una decisión 5–3, la Corte validó la Ley de Trabajadores Legales de Arizona de 2007, permitiendo a los estados obligar a los empresarios a usar el sistema E-Verify y revocar las licencias de operación a empresarios que a sabiendas contraten trabajadores ilegales.
Esta nueva política atenta contra la base fundamental de nuestra nación – el Estado de Derecho. Se premia la ilegalidad y a los transgresores de la ley, anima aún más a los extranjeros a que entren ilegalmente a Estados Unidos y llega en un momento en que el presidente Obama ha comenzado su campaña de reelección con un índice tan bajo de aprobación que es esencial que obtenga una mayoría sustancial del voto hispano para un segundo mandato. Es otro ejemplo vergonzoso de colocar la política antes que la ley.
El 12 de agosto de 2011, un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 11° Circuito de Estados Unidos en Atlanta dictaminó que el mandato individual en la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), más comúnmente conocida como Obamacare, es inconstitucional.
