En un correo electrónico enviado recientemente a sus seguidores, el presidente Obama se lamentaba de la frustrante falta de competencias de su cargo. “Hay tantas limitaciones a lo que puedo hacer por mí mismo” sin el Congreso, confesaba.
En términos de interpretación constitucional, tiene razón. Pero en la práctica, el presidente ha mostrado un marcado menosprecio por los límites legales de su poder.
Contrariamente a lo que afirmó el presidente Obama la semana pasada en un discurso en la Universidad Knox, la persecución política a organizaciones conservadoras por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS) no es un “falso escándalo”. Es un auténtico escándalo que pone la atención sobre el peligro de un gobierno federal todopoderoso, particularmente en el caso de una agencia como el IRS, que tiene poderes extraordinarios para destruir y apoderarse de la propiedad, la vida y las empresas de los ciudadanos americanos.
El “Estado del Bienestar” es la manida frase que describe los programas estatales o “beneficios sociales” que un país paga con el dinero del contribuyente. El concepto viene del alemán Wohlfahrtsstaat (Welfare State en inglés). En pocas palabras, es un concepto humanista y noble, que intenta garantizar una base de seguridad para todos los ciudadanos de un país. Sin embargo, el “Estado del Bienestar” también es considerada táctica necesaria para la estrategia estatal de muchos gobiernos y líderes déspotas que buscan acrecentar su poder vendiendo la idea del sueño igualitario de la sociedad utópica.
El gobierno federal ha gastado más de $3,000 millones durante los últimos 35 años en ayudar a empresas agrícolas multinacionales para que comercialicen sus productos en el exterior. Los contribuyentes pagan alrededor de $200 millones anuales para financiar unas actividades empresariales que las empresas podrían hacer por sí mismas.
