¿Se resolverá todo el problema de la inmigración ilegal en Estados Unidos con proteger bien nuestra frontera con México? Por supuesto que no, pero tampoco servirá de mucho hacer de la vista gorda y facilitar el camino a la ciudadanía americana a todos los que violaron la ley emigrando a nuestro país ilegalmente.
El 26 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció su sentencia Chamber of Commerce v. Whiting [1]. En una decisión 5–3, la Corte validó la Ley de Trabajadores Legales de Arizona de 2007, permitiendo a los estados obligar a los empresarios a usar el sistema E-Verify y revocar las licencias de operación a empresarios que a sabiendas contraten trabajadores ilegales.
Ha renunciado a su cargo como director interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) Kenneth Melson, el oficial que lideró la fallida táctica conocida como “gunwalking” (Que las autoridades federales aprobaran que sospechosos compraran armas para después seguirles la pista) de la Operación Rápido y Furioso.
Esta nueva política atenta contra la base fundamental de nuestra nación – el Estado de Derecho. Se premia la ilegalidad y a los transgresores de la ley, anima aún más a los extranjeros a que entren ilegalmente a Estados Unidos y llega en un momento en que el presidente Obama ha comenzado su campaña de reelección con un índice tan bajo de aprobación que es esencial que obtenga una mayoría sustancial del voto hispano para un segundo mandato. Es otro ejemplo vergonzoso de colocar la política antes que la ley.
