En América Latina y el Caribe, el viejo debate del siglo XX sobre si formar parte del sistema capitalista global hace tiempo que acabó, siendo sustituido por un consenso virtual acerca de la importancia del comercio y la inversión internacionales. Sin embargo, ha surgido una nueva división sobre cómo abordar el auge de las economías asiáticas.
En un gesto poco habitual, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, canceló una visita a Estados Unidos alegando su descontento con la respuesta de la administración Obama a raíz de las acusaciones de espionaje contra la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Este embarazoso desaire debería obligar a la Casa Blanca a rectificar su política exterior en la región.
La Autoridad de Promoción del Comercio (TPA) hace varias cosas positivas. Por ejemplo, le ofrece al presidente un espacio para que el Congreso llegue a acuerdos con el fin de realizar votaciones a favor o en contra de acuerdos comerciales, sin posibilidad de enmiendas. Por tanto, ofrece la posibilidad de una votación a favor de un acuerdo, siendo este generalmente bien recibido por los partidarios del libre comercio. No obstante, no queda muy claro qué debería estar fomentando la TPA en estos momentos.
En lo que respecta al comercio, el objetivo último de los conservadores debería ser la eliminación de los aranceles, no sólo reducir la cuantía de algunos o incluso de todos, sino excluirlos completamente de las transacciones comerciales y hacer tan difícil como sea posible el imponer o amenazar con imponer aranceles (o cuotas).
Los presidentes de la “Alianza del Pacífico” (Chile, Colombia, Perú y México) se reunieron la semana pasada en Cali, Colombia, para firmar un acuerdo que elimina los aranceles sobre el 90% de su comercio de mercancías. Sin duda, se trata de una buena noticia. El Congreso y la administración Obama deberían prestar más atención a este bloque comercial, considerablemente más pragmático y menos ideológico que otros de la región (por ejemplo, la ALBA, el CELAC y UNASUR, todos ellos chavistas).
