La Constitución otorga al presidente de Estados Unidos el pleno “poder ejecutivo” del gobierno federal. Se le denomina “Comandante en Jefe del Ejército y la Armada de Estados Unidos y de la Milicia de los diversos Estados, cuando se llamen al servicio activo de Estados Unidos”. De esta forma la Constitución concede la máxima autoridad de la seguridad nacional a un solo ejecutivo.
Esa obligación es tan importante ahora como lo era hace 70 años cuando Estados Unidos se enfrentó a uno de sus mayores desafíos. Tal como se hizo entonces, el Congreso y el presidente deberían garantizar que el gobierno federal cumpla con su responsabilidad hoy en día y financie plenamente a nuestras fuerzas armadas.
Los ejércitos y la seguridad nacional de Estados Unidos están al borde del abismo. Esta semana, un “supercomité” del Congreso tenía que desarrollar un plan para reducir el déficit federal en más de $1.2 billones durante los próximos 10 años. No promulgar el plan para el día 15 de enero de 2012 resultará en un recorte automático del gasto militar — un escenario que el secretario de Defensa Leon Panetta describe como “devastador”.
La Constitución otorga al presidente de Estados Unidos el pleno “poder ejecutivo” del gobierno federal. Se le denomina “Comandante en Jefe del Ejército y la Armada de Estados Unidos y de la Milicia de los diversos Estados, cuando se llamen al servicio activo de Estados Unidos”. De esta forma la Constitución concede la máxima autoridad de la seguridad nacional a un solo ejecutivo.
El Gráfico de la semana revela que, aunque se eliminara por completo el gasto en defensa, los derechos a beneficios seguirían alimentando la crisis de la deuda.
No es fácil reformar el Seguro Social, Medicare y Medicaid, pero es el paso más lógico que podría adoptar el Comité Selecto para controlar el gasto sin hacer recortes a programas vitales de seguridad nacional
