Las fuerzas especiales de Estados Unidos han capturado a uno de los principales sospechosos de los atentados de 2012 en Bengasi y se encuentra en estos momentos retenido (o está a punto de encontrarse retenido) en un buque de la Armada de Estados Unidos en la región del Golfo para ser interrogado y posteriormente, sin duda, acusado ante un tribunal federal de Estados Unidos.
Después de que la salud física y mental del sargento Bowe Bergdahl sea tratada por un equipo médico, le corresponderá al sistema de justicia militar abordar la acusación que pesa contra él por desertar de su unidad en Afganistán.
¿Qué sucederá entonces? ¿Cuáles son los pasos a seguir y las posibles consecuencias?
“La opción cero es la opción de ensueño para los talibanes. Un repentino repliegue allanaría el camino para que los talibanes vuelvan a ganar influencia e inutilicen la capacidad de Estados Unidos para llevar a cabo misiones antiterroristas en la región”, afirmó recientemente la analista de la Fundación Heritage Lisa Curtis durante su intervención en una conferencia sobre Afganistán en el Congreso.
El 26 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció su sentencia Chamber of Commerce v. Whiting [1]. En una decisión 5–3, la Corte validó la Ley de Trabajadores Legales de Arizona de 2007, permitiendo a los estados obligar a los empresarios a usar el sistema E-Verify y revocar las licencias de operación a empresarios que a sabiendas contraten trabajadores ilegales.
