La Constitución confiere el poder de encargarse de la política exterior al gobierno federal, específicamente al presidente y al Senado. El presidente lidera a la hora de elaborar la política exterior de Estados Unidos como jefe de la diplomacia de la nación con la facultad constitucional de firmar tratados y nombrar embajadores. Esta autoridad, sin embargo, se la otorga la Constitución al Senado mediante el poder de “consejo y consentimiento”: no sólo el Senado deberá aprobar los nombramientos presidenciales o tratados, sino que también puede modificar los tratados.
Esta semana, el reloj de la deuda nacional de Estados Unidos marcó un hito de pesadilla: la cifra récord de $15 billones. No basta con palabras para describir el alcance del endeudamiento debido al gasto federal, pero es indudablemente una asombrosa cifra que ha crecido drásticamente en la pasada década y es más de $4 billones más grande que cuando el presidente Barack Obama llegó al cargo hace tres años.
Estados Unidos debería avanzar con delicadeza. Un plan calculado que se centre en problemas fundamentales como perjudiciales subsidios chinos, alianzas con territorios cercanos, la transparencia de los mercados y conservar una fuerte capacidad de respuesta ante violaciones de derechos humanos sería una victoria estratégica.
El 16 de noviembre, el presidente Barack Obama y la primera ministra australiana Julia Gillard anunciaron su intención de que el Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea americanas incrementen el entrenamiento militar en Australia. Esta ampliación de la presencia militar de Estados Unidos tiene la intención de mejorar la interoperabilidad aliada y tranquilizar a nuestros amigos y aliados en la región preocupados por una crecientemente asertiva China.
