El registro y el voto por parte de personas que no son ciudadanas americanas es un delito grave según la ley federal y la Florida ya ha encontrado a extranjeros en sus censos electorales, alguno de los cuales votó en anteriores elecciones. Casi tan pronto como la Florida anunció que el Departamento de Seguridad Interior (DHS) permitiría al estado acceder a las bases de datos del DHS, los críticos se empezaron a quejar por la supuesta imprecisión de la información del DHS.
El derecho inherente de los agentes de policía estatal y local para arrestar por violaciones de inmigración ha sido ratificado por numerosas cortes de apelación, incluyendo los Circuitos Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo. Incluso una decisión unánime de la Corte Suprema ratificó la autoridad de los oficiales de policía local para investigar el estatus migratorio de personas que han sido legalmente detenidas en 2005 en el caso Muehler v. Mena.
El 26 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció su sentencia Chamber of Commerce v. Whiting [1]. En una decisión 5–3, la Corte validó la Ley de Trabajadores Legales de Arizona de 2007, permitiendo a los estados obligar a los empresarios a usar el sistema E-Verify y revocar las licencias de operación a empresarios que a sabiendas contraten trabajadores ilegales.
