La Constitución otorga al presidente de Estados Unidos el pleno “poder ejecutivo” del gobierno federal. Se le denomina “Comandante en Jefe del Ejército y la Armada de Estados Unidos y de la Milicia de los diversos Estados, cuando se llamen al servicio activo de Estados Unidos”. De esta forma la Constitución concede la máxima autoridad de la seguridad nacional a un solo ejecutivo.
Nuestro gobierno federal es muy bueno moviendo el dinero de un lugar a otro. De hecho, un 70% del gasto del gobierno federal consiste simplemente en enviar dinero de un sitio a otro, perdiéndose parte del total en el proceso. “En efecto, el gobierno se ha convertido básicamente en una máquina gigantesca de transferir dinero”, indica John Merline en Investor’s Business Daily, “tomando $2.6 billones de unos para entregárselos a otros”.
En un correo electrónico enviado recientemente a sus seguidores, el presidente Obama se lamentaba de la frustrante falta de competencias de su cargo. “Hay tantas limitaciones a lo que puedo hacer por mí mismo” sin el Congreso, confesaba.
En términos de interpretación constitucional, tiene razón. Pero en la práctica, el presidente ha mostrado un marcado menosprecio por los límites legales de su poder.
Washington DC es el último ejemplo de “pueblo-empresa” (en el que todas las tiendas y los edificios son propiedad de la empresa que ofrece el empleo en el pueblo) de Estados Unidos y su mayor industria es el gobierno federal. De modo que aquí no se recibe bien a quien se atreva a cuestionar el tamaño y el alcance del gobierno.
