La juez de una corte federal de distrito de Washington D.C. ha rechazado la petición del Departamento de Justicia (DOJ) de que se desestimara la demanda presentada por la Cámara de Representantes contra el procurador general Eric Holder para que éste cumpla con su solicitud de entrega de los documentos relacionados con la investigación de la Operación Rápido y Furioso.
El presidente Obama ha tenido poco tiempo para saborear su victoria electoral del pasado 6 de noviembre. La Casa Blanca está metida de lleno en asuntos como, entre otros, las consecuencias del atentado en Bengasi, la dimisión de David Petraeus y la inminente caída por el abismo fiscal. A casi menos de dos meses para la toma de posesión, Obama II ya se ha metido en un problema en lo que respecta a Latinoamérica.
El inspector general del Departamento de Justicia (DOJ) hizo público esta semana el ansiado informe sobre el escándalo del transporte de armas de la Operación Rápido y Furioso. Este señaló la culminación de los 19 meses de investigación sobre la operación, que permitió que nada menos que 2,000 armas de fuego “viajasen” a México, donde se distribuyeron a los cárteles de la droga.
El presidente Obama se acogió al privilegio ejecutivo para impedir una mayor supervisión por parte del Congreso sobre la Operación Rápido y Furioso del Departamento de Justicia (DOJ) el mismo día que este se lamentaba de la supuesta falta de transparencia entre algunas entidades conservadoras sin ánimo de lucro.
