El informe sobre empleo de hoy es como un disco rayado, con la tasa de desempleo estancada en el 8.2%. El Departamento de Trabajo informa de que sólo se crearon 80,000 empleos en junio, en coherencia con otros datos que revelan que la economía ha bajado de marcha lenta a más lenta. La situación es terriblemente distinta de la economía que el presidente Obama prometió hace unos pocos años con una fuerte recuperación y millones de empleos “salvados o creados”.
Los jefes sindicales están entusiasmados por haber impedido que sus miembros obtengan aumentos salariales. Es bastante alucinante, pero eso es lo que ha sucedido. La semana pasada, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) celebró la derrota de un proyecto de ley en el Senado que habría permitido aumentos salariales, afirmando que la legislación habría despojado a los trabajadores de sus “derechos fundamentales”.
La decisión de hoy de la Corte Suprema ratificando la disposición principal de la ley de inmigración S.B. 1070 de Arizona es una firme reprimenda a la administración Obama. La administración había argumentado que sus propias prioridades en el cumplimiento de la ley de inmigración deberían ser tratadas como ley de control, es decir, por encima de las determinaciones tanto del Congreso como de Arizona. Pero la decisión de la Corte significa que el presidente debe pasar por el Congreso si desea obstaculizar la capacidad de los estados para hacer cumplir las leyes de inmigración dentro de sus fronteras.
Hoy, el Senado vota sobre el destino de una las regulaciones más costosas de todos los tiempos. Una regulación que amenaza con crear unos Estados Unidos sin nuevas centrales térmicas de carbón y en el que los productores de energía existentes podrían tener que echar el cierre, eliminando empleos y haciendo que la electricidad sea espectacularmente más cara.
