Los ejércitos y la seguridad nacional de Estados Unidos están al borde del abismo. Esta semana, un “supercomité” del Congreso tenía que desarrollar un plan para reducir el déficit federal en más de $1.2 billones durante los próximos 10 años. No promulgar el plan para el día 15 de enero de 2012 resultará en un recorte automático del gasto militar — un escenario que el secretario de Defensa Leon Panetta describe como “devastador”.
La Constitución otorga al presidente de Estados Unidos el pleno “poder ejecutivo” del gobierno federal. Se le denomina “Comandante en Jefe del Ejército y la Armada de Estados Unidos y de la Milicia de los diversos Estados, cuando se llamen al servicio activo de Estados Unidos”. De esta forma la Constitución concede la máxima autoridad de la seguridad nacional a un solo ejecutivo.
Estados Unidos debería avanzar con delicadeza. Un plan calculado que se centre en problemas fundamentales como perjudiciales subsidios chinos, alianzas con territorios cercanos, la transparencia de los mercados y conservar una fuerte capacidad de respuesta ante violaciones de derechos humanos sería una victoria estratégica.
El 16 de noviembre, el presidente Barack Obama y la primera ministra australiana Julia Gillard anunciaron su intención de que el Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea americanas incrementen el entrenamiento militar en Australia. Esta ampliación de la presencia militar de Estados Unidos tiene la intención de mejorar la interoperabilidad aliada y tranquilizar a nuestros amigos y aliados en la región preocupados por una crecientemente asertiva China.
La muerte de Osama bin Laden fue una victoria duramente ganada por Estados Unidos, pero los beneficios obtenidos en la búsqueda de ese día de justicia y por librar la guerra de Afganistán —incluido poner a al-Qaeda a la fuga— podrían dilapidarse si la administración Obama continúa con el rumbo establecido.
