El derecho inherente de los agentes de policía estatal y local para arrestar por violaciones de inmigración ha sido ratificado por numerosas cortes de apelación, incluyendo los Circuitos Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo. Incluso una decisión unánime de la Corte Suprema ratificó la autoridad de los oficiales de policía local para investigar el estatus migratorio de personas que han sido legalmente detenidas en 2005 en el caso Muehler v. Mena.
Esta nueva política atenta contra la base fundamental de nuestra nación – el Estado de Derecho. Se premia la ilegalidad y a los transgresores de la ley, anima aún más a los extranjeros a que entren ilegalmente a Estados Unidos y llega en un momento en que el presidente Obama ha comenzado su campaña de reelección con un índice tan bajo de aprobación que es esencial que obtenga una mayoría sustancial del voto hispano para un segundo mandato. Es otro ejemplo vergonzoso de colocar la política antes que la ley.
