En 2013, el gasto federal se acercó a los $3.5 billones. Es complicado hacerse una idea de lo que significa esa cifra. Supone alrededor de $27,000 para cada hogar americano.
En todo Estados Unidos, las familias balancean sus presupuestos, ponen freno al gasto y saldan sus deudas. Si los americanos lo pueden hacer, ¿por qué no el gobierno federal?
Cuando el presidente Franklin D. Roosevelt ratificó la ley del Seguro Social el 14 de agosto de 1935, se refirió a ella como “una ley que proporcionará cierto grado de protección al ciudadano promedio y a su familia frente a la pérdida del puesto de trabajo y a una vejez atormentada por la pobreza”. Pero el actual Seguro Social es una cosa totalmente distinta.
“Cielos, tengo personal que no gana mucho dinero. Esto constituiría una gran pérdida para ellos”.
Esta podría ser una conversación entre dos empleadores sobre los costos de Obamacare. Pero son las palabras de un miembro del Congreso, feliz de que el presidente vaya a suavizar el golpe de Obamacare para él y sus empleados.
Está previsto que el 1 de enero de 2014 (a los tres meses de iniciarse el nuevo ejercicio fiscal) entren en vigor los nuevos derechos a beneficios de Obamacare. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), el gobierno federal gastará $48,000 millones en 2014 y cerca de $1.8 billones hasta 2023 en estos nuevos programas de derechos a beneficios.
