Es el tercer aniversario de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), más conocida como Obamacare. Aunque muchas partes clave de Obamacare —incluyendo algunos de sus aumentos de impuestos y mandatos— no entrarán en vigor hasta el próximo año, los americanos están sintiendo ya muchos de sus cambios.
Mientras los miembros del Congreso están discutiendo sobre dejar de financiar ciertas partes de Obamacare, a los estados ya les ha llegado la hora de la verdad. Los gobernadores y las asambleas estatales están teniendo que tomar decisiones muy complicadas para poder establecer los sistemas especializados de atención médica del gobierno y ampliar el programa de Medicaid.
En Washington, es costumbre que la administración presidencial haga públicas los viernes a las cinco de la tarde aquellas noticias que no le gustan, “enterrándolas” así en la maraña informativa del fin de semana. De modo que vale la pena estar atento al momento cuando todos salen del trabajo a disfrutar del fin de semana.
Precisamente, a última hora del viernes pasado, el Departamento de Estado hizo pública una revisión medioambiental positiva del oleoducto Keystone XL. Un oleoducto que transportaría el petróleo de Canadá hasta las refinerías de Texas y cuya construcción ha estado retrasando el presidente Obama durante más de tres años.
Sabíamos que el presidente Obama tardaría en remitir su propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2014, pues ayer el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, despreció en gran medida la fecha límite legal, argumentando a favor del “contenido por encima de los límites de fecha”, en lo que respecta a la valoración del presupuesto del presidente.
Las dos cámaras del Congreso han votado ya para suspender el límite de la deuda hasta el 19 de mayo, para darles así a los legisladores más tiempo con el fin de que desarrollen un presupuesto. De este modo, el Senado elaboraría su primer presupuesto en tres años, por lo que los detalles de dicho presupuesto serán fundamentales.
El golfista profesional Phil Mickelson, uno de los muchos, aunque cada vez menos, ricos que viven en California, parece que se anotó un bogey cuando la semana pasada dio a entender que puede que el tipo impositivo marginal cercano al 60%, que recae sobre los millonarios del estado, sea suficiente para hacer que huya hacia un estado con una menor presión fiscal.
