Corea del Norte puede estar cometiendo un genocidio, según indica un informe publicado recientemente por la firma de Derecho Internacional Hogan Lovells. Al acusar a Corea del Norte de genocidio, el informe de Hogan Lovells va aún más lejos que la Comisión de Investigación de Naciones Unidas (COI), que halló a Corea del Norte culpable de crímenes contra la humanidad pero que no abordó la cuestión del genocidio. No obstante, los hallazgos de ambos informes deberían suscitar una respuesta por parte de la comunidad internacional.
La reciente publicación de los resultados de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Corea del Norte (COI) ha confirmado que el régimen de Kim ha cometido crímenes contra la humanidad. El informe hace que los abusos contra los derechos humanos en Corea del Norte queden fuera de toda duda y sus atroces descubrimientos deberían obligar a que la comunidad internacional tome medidas. Sin embargo, pocas medidas se han tomado hasta ahora.
El acuerdo al que llegó ayer la administración Obama en las conversaciones de Ginebra es un acuerdo repleto de fallas que se arriesga a reducir la presión de las sanciones contra Irán durante los próximos seis meses a cambio de unas promesas iraníes fácilmente reversibles, algunas de las cuales ya las hizo anteriormente Irán, aunque luego las incumplió. El acuerdo exige que Irán ponga freno a algunas, no todas, de sus actividades nucleares durante los próximos seis meses a cambio de una reducción de las sanciones por valor de alrededor de $7,000 millones.
Las conversaciones de Ginebra han hecho que de nuevo surjan esperanzas de un avance en las conversaciones con Irán sobre asuntos nucleares, durante tanto tiempo estancadas. Los diplomáticos occidentales han expresado un “optimismo con cautela” acerca de las perspectivas de éxito tras dos días de conversaciones. No obstante, Irán no se ha movido de su desafío a los elementos clave de las múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU; simplemente ha adoptado un tono más suave y diplomático.
Los comentarios del secretario de Defensa Leon Panetta la semana pasada fueron muy reveladores de la mentalidad de la administración Obama sobre el régimen legal que gobierna las decisiones de América a la hora de usar sus fuerzas. Durante la sesión ante el Senado, el secretario Panetta afirmó repetidamente que Estados Unidos necesitaba el “permiso” de organismos y organizaciones internacionales como base legal para usar la fuerza militar, citando el apoyo de la OTAN o una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como ejemplo de tales “bases legales” para actuar.¿Son “legal” y “legítimo” sinónimos?