Aunque la administración y algunos otros han sido rápidos a la hora de celebrar la decisión de la Corte Suprema de anular tres de las disposiciones de la ley estatal de Arizona (las que buscaban regular el registro de extranjeros, a los extranjeros en búsqueda de empleo y el arresto de personas basado en una posible expulsión) la parte más significativa de la decisión radica en lo que la Corte optó por ratificar.
La Corte Suprema ha hablado, pero en el genio de la cimentación de nuestro gobierno constitucional, los Padres Fundadores incluyeron acertadamente el equilibrio de poderes entre nuestros tres equidistantes poderes de gobierno. Por tanto, con la reciente decisión de la Corte Suprema de validar el mandato individual de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), más conocida como Obamacare mediante la coacción vía impuestos, ahora se ha proporcionado a nuestro poder legislativo una oportunidad para “controlar” la lectura por parte del Poder Judicial de nuestra Constitución.
El pueblo americano sabe que este año marcará un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. Tenemos una gran decisión que tomar entre, por un lado, un gobierno constitucional y limitado y por el otro, el Leviatán en la forma de un gobierno gigantesco. Es hora de la total derogación de Obamacare.
La decisión de hoy de la Corte Suprema ratificando la disposición principal de la ley de inmigración S.B. 1070 de Arizona es una firme reprimenda a la administración Obama. La administración había argumentado que sus propias prioridades en el cumplimiento de la ley de inmigración deberían ser tratadas como ley de control, es decir, por encima de las determinaciones tanto del Congreso como de Arizona. Pero la decisión de la Corte significa que el presidente debe pasar por el Congreso si desea obstaculizar la capacidad de los estados para hacer cumplir las leyes de inmigración dentro de sus fronteras.
La decisión de hoy de la Corte Suprema ratificando la disposición principal de la ley de inmigración S.B. 1070 de Arizona es una firme reprimenda a la administración Obama. La administración había argumentado que sus propias prioridades en el cumplimiento de la ley de inmigración deberían ser tratadas como ley de control, es decir, por encima de las determinaciones tanto del Congreso como de Arizona. Pero la decisión de la Corte significa que el presidente debe pasar por el Congreso si desea obstaculizar la capacidad de los estados para hacer cumplir las leyes de inmigración dentro de sus fronteras.
