El Día de la Independencia (y cada día) los americanos deberían recordar y celebrar la imperecedera expresión de la Declaración de nuestros derechos, otorgados por Dios, a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad y rememorar a todos aquellos (pasados, presentes y futuros) que comprometen sus vidas, su libertad y su sagrado honor para defender estas verdades.
El mandato individual de Obamacare es en realidad un impuesto y es sólo uno de los muchos nuevos impuestos con los que se golpea a la clase media en Obamacare. Y quién lo iba a decir, otra promesa rota. El presidente Obama afirma que el mandato hace que la gente sea responsable, por lo que en consonancia con ese espíritu, he aquí un recordatorio de las otras promesas que el presidente y su ley de salud son responsables de haber roto…
Los Fundadores no querían que los estados, los intereses o las industrias usaran la asamblea legislativa nacional para gravar a otros estados, intereses o industrias de manera injusta. Por tanto, la Constitución crea ciertas limitaciones para los impuestos directos e indirectos: Los impuestos indirectos están sujetos a la Cláusula de Uniformidad y los impuestos directos están sujetos a la proporcionalidad.
en la Fundación Heritage nos mantendremos firmes en defensa de los principios fundacionales de nuestra nación. Estamos impacientes por encabezar la lucha para derogar esta ley intolerable –Obamacare– y estamos agradecidos por su respaldo a nuestras iniciativas para salvar el Sueño Americano para la siguiente generación.
La Corte Suprema ha hablado, pero en el genio de la cimentación de nuestro gobierno constitucional, los Padres Fundadores incluyeron acertadamente el equilibrio de poderes entre nuestros tres equidistantes poderes de gobierno. Por tanto, con la reciente decisión de la Corte Suprema de validar el mandato individual de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), más conocida como Obamacare mediante la coacción vía impuestos, ahora se ha proporcionado a nuestro poder legislativo una oportunidad para “controlar” la lectura por parte del Poder Judicial de nuestra Constitución.
