Mientras la Corte Suprema delibera si la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), más conocida como Obamacare, debería seguir siendo ley en la nación, la administración Obama está ocupada trabajando para asegurarse de que Obamacare se implemente. El periódico The Hill informa de que la Casa Blanca ha asignado 500 millones de dólares al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para poner en práctica Obamacare:
Pero sea que ratifique o derogue Obamacare, todo o en parte, la Corte no tiene la última palabra sobre este tema. Esta recae en última instancia sobre el pueblo americano, a través de sus representantes en el Congreso, para que decidan el futuro de la atención médica en Estados Unidos y si el gobierno federal actuará dentro de sus límites constitucionales. Obamacare debe ser totalmente derogada.
Los magistrados de la Corte Suprema estarán escuchando durante estos días los argumentos sobre la constitucionalidad de la ley de salud firmada por el presidente hace un par de años. Esta ley conocida como Obamacare altera por completo la relación Estado-ciudadano y son varios los motivos por los que ha sido llevada ante los tribunales.
La Corte hoy escucha argumentos orales sobre uno de los temas más importantes de los últimos 65 años: Saber si la Constitución faculta al Congreso a exigirles prácticamente a todos los americanos que compren u obtengan seguro médico. La respuesta a esa pregunta determinará si el Leviatán federal de verdad sigue siendo un gobierno limitado, con poderes enumerados o si la división de poderes entre el gobierno federal, por un lado, y los estados y el pueblo, por el otro, por fin ha sido borrada. En resumen, el argumento de hoy va al corazón mismo de nuestra república “federalista”, enfrentando a dos visiones radicalmente diferentes sobre el papel del gobierno nacional en nuestras vidas.