La decisión de hoy de la Corte Suprema ratificando la disposición principal de la ley de inmigración S.B. 1070 de Arizona es una firme reprimenda a la administración Obama. La administración había argumentado que sus propias prioridades en el cumplimiento de la ley de inmigración deberían ser tratadas como ley de control, es decir, por encima de las determinaciones tanto del Congreso como de Arizona. Pero la decisión de la Corte significa que el presidente debe pasar por el Congreso si desea obstaculizar la capacidad de los estados para hacer cumplir las leyes de inmigración dentro de sus fronteras.
el presidente realiza un juramento único, prometiendo que “ejecutará fielmente el Cargo de Presidente de Estados Unidos” y que “conservará, protegerá y defenderá la Constitución de Estados Unidos”. No necesitamos una nueva Declaración de Independencia, sino que necesitamos a un presidente que defienda y ejerza con brío su legítimo poder, reconociendo que ese poder no es arbitrario o ilimitado.
El presidente Obama se encuentra ahora con el escándalo de la Operación Rápido y Furioso. A él le corresponde por completo el decidir si quiere estar a la altura de las promesas de transparencia que hizo hace cuatro años o desplegar un velo de silencio que haría sonrojarse al presidente Richard Nixon. Si las trabas continúan y no se renuncia al privilegio, les corresponderá al pueblo americano y a los medios de comunicación exigir el razonamiento para este encubrimiento.
Hoy, el Senado vota sobre el destino de una las regulaciones más costosas de todos los tiempos. Una regulación que amenaza con crear unos Estados Unidos sin nuevas centrales térmicas de carbón y en el que los productores de energía existentes podrían tener que echar el cierre, eliminando empleos y haciendo que la electricidad sea espectacularmente más cara.
El presidente Obama ha empezado a “evolucionar” en sus posiciones sobre varios temas normativos al mostrar las encuestas que está codo a codo con Mitt Romney. Su más reciente cambio radical de opinión restablece un popular programa de bonos escolares para los niños necesitados en Washington D.C. después de haberle quitado su financiación.
Para abordar cualquier repercusión financiera europea que pudiera afectar a Estados Unidos, tenemos que dejar de adoptar las mismas políticas que usan los europeos. El Congreso y el presidente deberían poner freno al gasto federal inmediatamente y por iniciativa propia en vez de, a fin de cuentas, verse obligados a hacerlo, como les ha ocurrido a los países de toda Europa. Deberían declarar un alto el fuego regulador y desactivar la amenaza del “Armagedón Fiscal”.
