La Corte Suprema ha hablado, pero en el genio de la cimentación de nuestro gobierno constitucional, los Padres Fundadores incluyeron acertadamente el equilibrio de poderes entre nuestros tres equidistantes poderes de gobierno. Por tanto, con la reciente decisión de la Corte Suprema de validar el mandato individual de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), más conocida como Obamacare mediante la coacción vía impuestos, ahora se ha proporcionado a nuestro poder legislativo una oportunidad para “controlar” la lectura por parte del Poder Judicial de nuestra Constitución.
El pueblo americano sabe que este año marcará un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. Tenemos una gran decisión que tomar entre, por un lado, un gobierno constitucional y limitado y por el otro, el Leviatán en la forma de un gobierno gigantesco. Es hora de la total derogación de Obamacare.
Los jefes sindicales están entusiasmados por haber impedido que sus miembros obtengan aumentos salariales. Es bastante alucinante, pero eso es lo que ha sucedido. La semana pasada, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) celebró la derrota de un proyecto de ley en el Senado que habría permitido aumentos salariales, afirmando que la legislación habría despojado a los trabajadores de sus “derechos fundamentales”.
El presidente Obama se acogió al privilegio ejecutivo para impedir una mayor supervisión por parte del Congreso sobre la Operación Rápido y Furioso del Departamento de Justicia (DOJ) el mismo día que este se lamentaba de la supuesta falta de transparencia entre algunas entidades conservadoras sin ánimo de lucro.
El presidente Obama se encuentra ahora con el escándalo de la Operación Rápido y Furioso. A él le corresponde por completo el decidir si quiere estar a la altura de las promesas de transparencia que hizo hace cuatro años o desplegar un velo de silencio que haría sonrojarse al presidente Richard Nixon. Si las trabas continúan y no se renuncia al privilegio, les corresponderá al pueblo americano y a los medios de comunicación exigir el razonamiento para este encubrimiento.
