Estados Unidos conmemora este mes el aniversario del 11 de septiembre de 2001, fecha en la que terroristas mataron a casi 3,000 de nuestros compatriotas. En los días posteriores al 11 de septiembre, los americanos, unidos en bloque, dejaron de lado el fervor partidista y reconocieron al enemigo común en grupos terroristas islamistas, particulamente al-Qaeda. Apropiadamente, la seguridad nacional volvió a ser la máxima prioridad de nuestra nación.
Una investigación acerca del tráfico de armas del gobierno de Estados Unidos que salió horriblemente mal y resultó en la muerte de un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, unas 2,000 armas de fuego en manos criminales y el despido de un oficial de la policía con 24 años de experiencia. Esta es la historia de la Operación Rápido y Furioso y ayer se desveló su capítulo más reciente cuando dos oficiales de alto rango asociados con la operación tuvieron que dejar sus puestos y un tercero dimitió.
El 26 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció su sentencia Chamber of Commerce v. Whiting [1]. En una decisión 5–3, la Corte validó la Ley de Trabajadores Legales de Arizona de 2007, permitiendo a los estados obligar a los empresarios a usar el sistema E-Verify y revocar las licencias de operación a empresarios que a sabiendas contraten trabajadores ilegales.
Ha renunciado a su cargo como director interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) Kenneth Melson, el oficial que lideró la fallida táctica conocida como “gunwalking” (Que las autoridades federales aprobaran que sospechosos compraran armas para después seguirles la pista) de la Operación Rápido y Furioso.
Ayer, el presidente anunció que el economista de la Universidad de Princeton Alan Krueger reemplazará a Austan Goolsbee como el principal asesor económico de la Casa Blanca. Y aunque Krueger jugará un papel prominente en el desarrollo de la estrategia económica de la Casa Blanca, Lachlan Markay, de Heritage, informa de que las antiguas investigaciones académicas de Krueger no coinciden con la postura de la Casa Blanca sobre los supuestos beneficios estimulantes de la ampliación del seguro de desempleo
