En 2013, el gasto federal se acercó a los $3.5 billones. Es complicado hacerse una idea de lo que significa esa cifra. Supone alrededor de $27,000 para cada hogar americano.
En todo Estados Unidos, las familias balancean sus presupuestos, ponen freno al gasto y saldan sus deudas. Si los americanos lo pueden hacer, ¿por qué no el gobierno federal?
¿Quién se podría oponer a medidas del tipo “Compre americano” que parecen respaldar a la industria americana y crear empleo? A primera vista, eso es lo que parece que hace la Ley de Banderas Nacionales. Pero si se mira de cerca, tales leyes no benefician a las industrias “nacionales” sino más bien a un reducido grupo de productores.
Cuando el presidente Franklin D. Roosevelt ratificó la ley del Seguro Social el 14 de agosto de 1935, se refirió a ella como “una ley que proporcionará cierto grado de protección al ciudadano promedio y a su familia frente a la pérdida del puesto de trabajo y a una vejez atormentada por la pobreza”. Pero el actual Seguro Social es una cosa totalmente distinta.
El informe sobre el producto interior bruto (PIB) publicado el pasado miércoles muestra que pocas cosas han cambiado en la economía durante el segundo trimestre del año. La estimación inicial de la Oficina de Análisis Económico (BEA) muestra que el crecimiento económico fue de sólo el 1.7% desde el 1 de abril al 30 de junio, bastante por debajo del ritmo al que debería estar creciendo la economía en este momento de recuperación tras una recesión.
En Estados Unidos, los tribunales a menudo dictaminan el resultado de unas elecciones cuando éstas están muy igualadas, actuando como una herramienta de mediación entre los candidatos, para garantizar así la legitimidad de los resultados. Al final, lo peor que puede suceder es que se declare a alguien como perdedor de las elecciones. Puede que se arruinen las esperanzas y los sueños de algunas personas, pero la vida sigue.
